Ya sabíamos que el boom de las autopistas de peaje lo íbamos a acabar pagando entre todos los españoles, pero el tema se está complicando una vez más. Demos un rápido repaso a la estela que han ido dejando las radiales para ponernos en situación. Hace ya cosa de dos años comentábamos que a los españoles nos costaría nada menos que 1.500 millones de euros el acuerdo que firmó Fomento con Abertis en 2006.
Después de aquello, lloramos porque finalmente el Estado rescataría las autopistas de peaje en quiebra. Si bien es cierto que a nuestros bolsillos no les gustaron mucho estas noticias, vimos un haz de luz al conocer que no se renovaría la concesión a las carreteras de peaje. Es más, la AP-1 hace ya tiempo que dejó de ser una autopista de pago.
Las buenas noticias continuaban con el abaratamiento de un 30% en los peajes de las autopistas rescatadas desde enero de 2019, aunque los precios volverán a subir el 1 de enero de 2020 por tercer año consecutivo. Además, cerramos 2018 sabiendo que las vías de peaje necesitan una inversión de al menos 317,6 millones de euros para la “puesta a cero de las infraestructuras”.
Con ello, nos quedó claro que tendrán pérdidas hasta 2022. De hecho, Fomento debería haber calculado en enero de 2019 el coste que iba a tener para los españoles la expropiación de las mencionadas carreteras, pero a día de hoy seguimos como estábamos. No sólo no hay estimación, sino que en el Gobierno ni siquiera saben cuando podrá tenerla lista.
El departamento dirigido por José Luis Ábalos se excusa señalando que 2el cálculo es complejo», tal y como revelan desde ABC, pero el problema reside en que cada retraso se traduce directamente en un aumento de la factura que tendrá que afrontar la Administración, es decir, todos los españolitos, porque al cálculo del rescate habrá que sumar unos intereses de demora millonarios.
Los intereses de demora se seguirán generando hasta que el Ministerio de Fomento cifre las compensaciones, y los fondos de acreedores ya apuntan a que estos intereses rondarán los 500 millones de euros. En otras palabras, el coste total del rescate se elevará por encima de los 4.000 millones de euros. Una buena manera de entrar en 2020…
Y ojo, que esto no es solo «culpa» del Gobierno actual, esta historia la llevamos arrastrando 15 años, cuando el Gobierno del Partido Popular encargó a las concesionarias la creación de nueve autopistas de peaje (la R-2, R-3, R-4, R-5, la M-12, dos tramos de la AP-7, la AP-41 y la AP-36) que perseguían mejorar los accesos a Madrid y mejorar la circulación en tramos conflictivos.
Pero, ¿por qué se tiene que hacer cargo el Estado? Pues básicamente como consecuencia directa de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que aparece en los contratos de adjudicación de las vías. A causa de la misma, el Estado tiene la obligación de asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.
Al final, el tema se resolverá en los tribunales, pues las concesionarias y los fondos de inversión ya han llevado al Tribunal Supremo la fórmula que diseñó el Gobierno para cifrar el coste que tendrá la expropiación. Llegado el momento, cuando Fomento publique el cálculo definitivo sobre el rescate, este también será recurrido para que sea el TS el que decida la indemnización final.