El fin del motor de combustión es una realidad, todos sabíamos que tarde o temprano llegaría este momento y hoy el Gobierno de Pedro Sánchez ha marcado en rojo su fecha de caducidad en el calendario. Según la propuesta recogida en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a partir del 2040 estará prohibida la venta y matriculación de turismos y vehículos comerciales que produzcan «de forma directa» emisiones de carbono.
Esta medida no solo afectaría a los vehículos diésel o gasolina, sino que también afecta a coches híbridos y de gas. Si en el 2040 se prohibirá su venta y matriculación, en el 2050 se vetará su circulación para lograr así un parque móvil libre de emisiones. De esta forma, España se coloca al mismo nivel de otros países como Francia o Reino Unido que también prohibirán la venta de diésel y gasolina el mismo año. Otros países como Holanda o Alemania han fijado esta misma medida para el 2030.
Entre el 2020 y 2030 se impulsará la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios (MW) de potencia al año en instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. Este texto también contempla la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% en 2030 respecto a los niveles de 1990, lo que significaría acabar este año con unas emisiones de 230 millones de toneladas frente a los 290 millones fijados por la Unión Europea.
Si esta ley llega a buen puerto, los municipios de más de 50.000 habitantes tendrían que establecer «zonas de bajas emisiones» para el año 2023, es decir, que ya no solo las grandes ciudades como Madrid o Barcelona se verían afectadas por restricciones contra el tráfico, sino que ahora también tendrán que adaptarse otras más pequeñas. El transporte de mercancías se verá afectado por un nuevo impuesto, mientras que los vehículos de combustión dirán adiós para siempre a las ayudas o subsidios «que favorezcan el consumo de combustibles fósiles«.
Para cumplir con los objetivos de descarbonización se estudiará el régimen fiscal actual que se aplica a los combustibles fósiles, «identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su consumo«. Además, este borrador también plantea vetar todas las actividades de fracking, mientras que las prórrogas vigentes para la explotación de hidrocarburos «no podrán seguir más allá de 2040«.
Se trata de un plan muy ambicioso, quizás demasiado, ya que no tiene en cuenta que el parque móvil de nuestro país es uno de los más envejecidos de Europa. Además, estas medidas perjudicarían gravemente a la industria, de la que dependen hasta 300.000 puestos de trabajo directos y 2.000.000 de puestos de trabajo indirectos. Pero viéndolo desde otro ángulo, al ritmo que se desarrolla la movilidad y la tecnología, quizás el 2040 sea demasiado tarde para esta transición. La polémica está servida…