No es la primera vez que vemos sanciones de las autoridades de competencia hacia las marcas de vehículos en alguno de los numerosos mercados europeos, sin embargo, la última de las prácticas abusivas llega desde Italia.
Al parecer, la Autoridad de Competencia italiana (AGCM) anunció el pasado jueves que ha impuesto multas por un total de 678 millones de euros a diferentes entidades financieras y marcas de automóviles que operan en su mercado al percatarse y verificar que esas empresas establecieron un cártel a través del que se comunicaban e intercambiaban informaciones sobre el mercado y sus precios para influir sobre ellos.
El citado organismo comentó en su comunicado oficial que la práctica y el cártel se llevaron a cabo entre 2003 y 2017 y tenían como objetivo el alterar la dinámica competitiva del mercado de venta de automóviles a través de la financiación aportada por las financieras.
Tras las investigaciones de la autoridad de la competencia se dictaminó que los involucrados en el cártel eran los siguientes: Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank, BMW, Daimler, Mercedes Benz Financial Services Italia, FCA Bank, FCA Italia, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford Motor, General Motors Financial Italia, General Motors, RCI Banque, Renault, Toyota Financial Services, Toyota, Volkswagen Bank y Volkswagen, así como por parte de las asociaciones Assofin y Assilea.
Sin duda alguna se trata de una multa sin precedentes en la que se han visto afectadas muchos nombres conocidos. Los peor parados han sido los miembros de FCA Bank -multa de 179 millones de euros-, Volkswagen -multa de 163 millones de euros-, Renault -125 millones de euros-.
La autoridad de la competencia ha considerado oportuno imponer una sanción sin precedentes para castigar una situación -también sin precedentes- que se ha catalogado como grave y ha tenido una duración en el tiempo de al menos 14 años probados.
La AGCM también ha otorgado la inmunidad total a Daimler y Mercedes Benz Financial Services Italia al haber solicitado estas «clemencia», una solicitud admitida a trámite que les ha librado de pagar nada menos que 60 millones de euros.