A principios de este mismo año os hablábamos de lo que podría ser un segundo Dieselgate, y es que la fiscalía de París estaría investigando a la marca gala por un supuesto fraude en las emisiones. Se podría decir que el escándalo de las emisiones de Volkswagen ha ido salpicando poco a poco a toda la industria del automóvil, poniendo seriamente en duda los procesos que llevan a cabo para medir las emisiones. Todo comenzaba noviembre del 2015, cuando un grupo de presión medioambiental alemán publicaba un informe que sugería que el 1.6 dCi en el Renault Espace produciría unas 25 veces más emisiones de NOx que el límite impuesto por la norma EU6.
A día de hoy, la industria europea del automóvil invierte cerca de 45 mil millones de euros en I+D cada año, un gran porcentaje de los cuales se destina a la tecnología de ahorro de combustible, lo que refleja la necesidad de cumplir con los estrictos objetivos de la Unión Europea (UE). La fiscalía de París comenzaba en enero de este mismo año las investigaciones de la mano de tres fiscales que tratarían de determinar si ciertos vehículos de la marca gala están equipados con instrumentos capaces de modificar el volumen de polución en condiciones reales de uso de los modelos frente a las cifras homologadas por el fabricante.
A principios del pasado mes de noviembre, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) -la cual hace un año registró la sede de Renault y varios de sus centros técnicos-, comunicaba los resultados de sus investigaciones a la fiscalía parisina para que iniciase una investigación en busca de algún software o dispositivo manipulador de emisiones.
Ahora hemos conocido la existencia de un documento de 39 páginas fechado a noviembre de 2016 gracias al periódico Liberátion y el cual sirvió a la administración francesa para llevar a cabo una investigación más en profundidad. A lo largo de estas páginas se hablaría de una serie de estrategias que habría llevado a cabo la marca francesa de forma fraudulenta y en los que se hablaría de “manipular las pruebas de emisiones” o “inducir a error a los consumidores”.
Por lo tanto estos documentos acreditarían el uso de ciertos dispositivos para modificar el funcionamiento del motor y así reducir las emisiones de NOx. Aunque todavía no hay pruebas certeras de que esto se haya producido, la justicia francesa continúa con la investigación…